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Edición Nº 576 22 de October
Columnistas
Análisis jurídico del Decreto 669/2019
Dr. Eduardo Marceillac

El Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial, el 30 de Septiembre de 2019, el Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019.

A través del mismo, se produce una modificación en la manera de calcular el monto resultante de las indemnizaciones que deben abonarse a los trabajadores por accidentes de trabajo.

Lo primero que hay que tener en cuenta, a mi juicio, es que el decreto mencionado resulta manifiestamente inconstitucional.

Al respecto, el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, establece: “Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean, o no, de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley, no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales”.

Sigue diciendo el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación en su tercer párrafo: “Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.

Por lo tanto, resulta meridianamente claro que las leyes operan para el futuro, salvo aquellas que resulten más favorables al consumidor, en este caso, a los trabajadores. No es esto lo que ocurre con el DNU 669/2019.

También son retroactivas las leyes penales, en la medida en que beneficien a quienes han cometido un delito.

Todas las demás leyes, operan para el futuro.

Consecuentemente, si una ley no puede afectar derechos adquiridos por las partes con una legislación anterior, mucho menos lo puede hacer un DNU.

Por otra parte, el citado DNU debe ser analizado y dictaminado en cuanto a su validez por la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación. Por lo tanto, resulta, por el momento, un acto provisorio.

En virtud de ello, establecemos que, si una ley del Congreso de la Nación no puede tener efectos retroactivos, mucho menos lo puede tener un DNU, que ni siquiera ha pasado por la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación.

Las mencionadas afirmaciones encuentran su sustento jurídico en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que establece: 

“El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.

Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.

El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.

Resulta a todas luces evidente que el Poder Ejecutivo Nacional, habiendo dictado el DNU 669/2019, se ha arrogado facultades legislativas expresamente prohibidas por nuestra Carta Magna.

En cuanto al aspecto netamente técnico, entre otros, me interesa resaltar el que considero principal: hasta antes del DNU 669/2019, el cálculo del ingreso base del trabajador, al momento de la liquidación de la indemnización por un accidente de trabajo, se realizaba tomando en cuenta la tasa activa del Banco Nación, del orden del 90%. Mediante el DNU bajo análisis, esa tasa, que se medirá por la variación del índice “RIPTE” (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) ha sido del 30,6%.

Por lo tanto, ante tamaña diferencia en la base de cálculo, las indemnizaciones que habrán de cobrar los trabajadores por accidentes de trabajo, si se aplica el DNU 669/2019, habrán de resultar notablemente inferiores.

Es por el perjuicio que ocasiona a los trabajadores, y por no cumplir con los requisitos mínimos de constitucionalidad, que el DNU debe resultar inaplicable.

Dr. Eduardo Marceillac

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