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Edición Nº 593 29 de September
Columnistas
Los Riesgos del Trabajo (tercera parte)
Por el Lic. Roberto Mecca

LEY 24.557:

A partir del 1-7-96 se derogó la ley 24.028 sobre Accidentes del Trabajo y comenzó a aplicarse las disposiciones de la ley 24.557.

Las pólizas de accidentes del trabajo vigentes hasta esos momentos fueron rescindidas por las entidades aseguradoras, generándose las notas de crédito correspondientes. 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:

El sistema se compone de cuatro actores principales, a saber: trabajadores, empleadores, Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) y Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)

OBJETIVOS DE LA LEY:

Son objetivos de la ley reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo, reparar los daños derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado, promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados y la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las reparaciones prestadoras.

ÁMBITO DE APLICACIÓN. OBLIGATORIEDAD:

Comprende a los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y del Gobierno Autónomo Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores en relación de dependencia del sector privado y los obligados a prestar servicios de carga pública (por ejemplo autoridades de mesa en elecciones, emergencia civil, ser testigo, etc.).

Quedaba  librado al momento de promulgación de la ley y a decisión posterior del Poder Ejecutivo los trabajadores domésticos, los trabajadores autónomos, los bomberos voluntarios y los vinculados por relaciones no laborales

Posteriormente mediante decreto 491/97 se incorporaron los trabajadores domésticos  los autónomos, los pasantes y los vinculados por relaciones no laborales. En algunos casos sujeto a la reglamentación de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Textualmente, en su página web la Superintendencia de Riesgos del Trabajo indica:

“…Obligatoriamente, están cubiertos los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias, y de sus municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los trabajadores en relación de dependencia del sector privado; los trabajadores o el personal de casas particulares; los pasantes y las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública...”

AUTOSEGURO:

El concepto de autoseguro en este caso no significa que cualquier empleador pueda decidir no asegurarse y afrontar por su cuenta las consecuencias si existen accidentes laborales o enfermedades profesionales, sino que, para optar por el autoseguro, deben reunir ciertas condiciones que a tal efecto establece la reglamentación de la ley o disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

La disposición de la ley aclara que podrán autoasegurarse el Estado nacional, las provincias y sus municipios, el hoy denominado Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aquellos empleadores que demuestren solvencia económico-financiera para afrontar las prestaciones previstas en la ley y garanticen los servicios necesarios para otorgar las prestaciones de asistencia médica y las demás previstas en el artículo 20 de esta ley.

CONTINGENCIAS:

Definición de accidente. Accidente en el lugar de trabajo y  accidente “in itinere”:


Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Este último supuesto encuadra en el denominado accidente “in itinere”, ya previsto en las leyes anteriores comentadas como antecedente.

No obstante, en la nueva ley se amplía el amparo indicando:

“…El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador y éste dentro de las 72 horas al asegurador, que el “itinere” se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo  presentar el pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de los tres días hábiles de requerido…”

Enfermedades profesionales:

Es causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produce incapacidad o muerte. Las enfermedades profesionales se suelen producir de forma lenta y progresiva, como consecuencia de la exposición del trabajador durante cierto tiempo a distintos tipos de riesgos.

Esos riesgos pueden ser físicos (ruido, vibraciones, calor, radiaciones, humedad y presión); químicos (gases, vapores, polvillos, humos, con efectos irritantes, asfixiantes o anestésicos), biológicos (virus, bacterias, parásitos, hongos), ergonómicos (esfuerzos físicos, levantamiento incorrecto o transporte de manual de un peso, posturas incorrectas, dolores musculares) y de accidentes (herramientas inadecuadas, iluminación inadecuada, almacenamiento inadecuado), etc.

Según la ley 24.557 se considera enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado que a tal efecto elabora y revisa el Poder Ejecutivo anualmente.  El listado identifica al agente de riesgo, cuadros clínicos y actividades en capacidad de determinar por sí la enfermedad profesional. Las enfermedades no incluidas en el listado, como sus consecuencias, en ningún caso serán consideradas resarcibles. 

No obstante, mediante decreto Nro. 1278/2000, se amplía el alcance de las enfermedades profesionales para otros casos que determine la Comisión Médica Central.

Para ello existe un procedimiento que abarca la intervención de una Comisión Médica Jurisdiccional la cual, a su vez, requerirá la intervención de la Comisión Médica Central para que convalide o rectifique la opinión de la primera.

En caso de aceptarse, la decisión tiene alcance exclusivamente para el caso individual resuelto, no importando modificación en el listado de enfermedades profesionales.

LAS ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Son entidades especialmente creadas a ese efecto con un capital mínimo, que deben tener solvencia financiera y capacidad de gestión, o empresas aseguradoras que operen en el ramo accidentes del trabajo, exigiéndoseles un capital adicional exclusivo para estas prestaciones.

Se trata de agencias privadas de la seguridad social, de libre competencia, con una fiscalización jerarquizada desde la Superintendencia de Seguros de la Nación acerca de la solvencia y a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para las cuestiones operativas. 

No pueden rechazar la afiliación de ningún empleador ni realizar exámenes psicofísicos previos a la afiliación. Son responsables de controlar la ejecución del plan de mejoramiento. Tienen un régimen severo por el incumplimiento de sus funciones.

AFILIACIÓN. CONTRATO:

Salvo los casos de autoasegurados, todos los empleadores deben afiliarse obligatoriamente en la A.R.T. que libremente elijan, debiendo declarar las altas y bajas que se produzcan en el plantel de trabajadores. La A.R.T. no puede rechazar la afiliación de ningún empleador incluido en su ámbito de actuación.

Por reglamentación se estableció que la vigencia del contrato de afiliación es por un año y salvo decisión contraria del empleador con aviso de 30 días antes de la finalización del contrato, éste será renovado automáticamente. Podrá pasarse de una A.R.T. a otra cuando haya efectuado seis pagos mensuales y volver a traspasarse después de un año del último cambio.

El contrato puede también rescindirse ante el cese de actividad o  cuando el empleador no tenga más trabajadores en relación de dependencia.

CASOS EXCLUIDOS:

Se excluyen del amparo de la ley los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador, por fuerza mayor extraña al trabajo y las incapacidades preexistentes a la iniciación de las relaciones laborales y acreditadas en el examen preocupacional efectuado, según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación.

PRESTACIONES DINERARIAS:

Se consideran prestaciones dinerarias las correspondientes a la incapacidad laboral temporaria (ILT), a la incapacidad laboral permanente (ILP), a la gran invalidez (GI) y por la muerte del damnificado. Los primeros diez días de incapacidad laboral temporaria quedan a cargo del empleador.

LA INCAPACIDAD LABORAL TEMPORARIA. DEFINICIÓN Y FINALIZACIÓN:

Se produce cuando el daño le impide al trabajador realizar temporalmente sus tareas habituales (daño reversible).

Termina cuando se produce la muerte, le den el alta o se le declare la incapacidad laboral permanente o transcurra dos años desde la primera manifestación invalidante. (modificado por decreto 54/2017)

LA INCAPACIDAD LABORAL PERMANENTE. DEFINICIÓN. TOTAL Y PARCIAL. FORMA DE DETERMINARLA:

La incapacidad laboral permanente se produce cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasione una disminución permanente de su capacidad laborativa. (daño irreversible).

Se considera total cuando esa disminución de la capacidad laborativa sea igual o superior al 66% y parcial cuando es inferior a este último porcentaje.

Las Comisiones Médicas, autorizadas por ley, serán las encargadas de determinar la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad y el carácter y grado de la incapacidad.

El grado de incapacidad laboral permanente será determinado por las comisiones médicas previstas en esta ley, en base a la tabla de evaluación de las incapacidades laborales, que  elaborará el Poder Ejecutivo Nacional y, ponderará, entre otros factores, la edad del trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral.

GRAN INVALIDEZ:

Se considera así cuando el trabajador damnificado requiera de la asistencia permanente de otra persona para atender actos elementales de su vida. Además de lo que corresponda como incapacidad permanente total ser fija un pago mensual adicional hasta la muerte.

MUERTE DEL DAMNIFICADO:

Los derecho-habientes accederán a la pensión por fallecimiento del ré­gimen previsional al que estuviera afiliado el damnificado y en forma complementaria la indemnización prevista como incapacidad total permanente con carácter definitivo. El servicio funerario se considera una prestación en especie. Se establece asimismo una compensación adicional de pago único.

En la modificación introducida por el decreto 1278/2000 se amplía el concepto de beneficiarios incluyendo a los padres del trabajador soltero (situación que antes no se contemplaba). Deriva en este sentido a las personas enumeradas a tal efecto en la  ley 24.241.

El límite de edad establecido en dicha disposición para el caso de los hijos, se extiende hasta los 21 años, elevándose hasta los 25 en caso de tratarse de estudiantes a cargo exclusivo del trabajador fallecido.

Aclara asimismo que si uno de los padres hubiese fallecido le corresponderá la prestación al otro y en caso de haber fallecido los dos a los familiares que acrediten haber estado a su cargo. Vía reglamentación se estableció el parentesco requerido para obtener el beneficio y la forma de acreditar la condición de familiar a cargo.

PRESTACIONES EN ESPECIE. ENUMERACIÓN:

Las A.R.T. otorgarán a los trabajadores que sufran algunas de las con¬tingencias previstas en la ley las siguientes prestaciones en especie: asistencia médica  y/o farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional y servicio funerario.

EL FUTURO:

Hasta aquí se intentó desarrollar el aspecto legal en nuestro país.

No se debe olvidar que la tecnología seguirá cambiando la forma de trabajar. Estamos en la era de la innovación, la denominada cuarta revolución industrial donde la economía tradicional convive con la digital.

Internet, la robótica, los chatbots, el big data, el trabajo en algunos días desde la casa del empleado, han transformado la actividad empresarial. No debe olvidarse que todas las innovaciones las realizan las personas que tienen que ser consideradas como el eje principal del negocio. 

Las nuevas tecnologías favorecerán a los trabajadores para que estén mejor informados sobre medidas de prevención para evitar accidentes o enfermedades profesionales, pero también tendrá consecuencias no deseadas.

Hoy se habla de tecnoestrés, como una nueva enfermedad de adaptación, causada por la falta de habilidad para tratar con las nuevas técnicas, provocando fatiga, insomnio, depresión, dolores de cabeza, tensiones musculares e irritabilidad.

Los riesgos existen.  Lo importante  es saber distinguir los casos reales de los que no lo son. La conocida “industria del juicio” ya la hemos padecido.

Hasta la próxima.

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